Liliana Giraldo, investigadora del Instituto Nacional de Geriatría, dependiente de la Secretaría de Salud, informó que, derivado de diferentes estudios tanto a nivel local como nacional, entre 8.1 por ciento y 18.6 por ciento de las 11 millones 668 mil 342 personas mayores de 60 años que hay en el país padece violencia, es decir, sufren actos que los agreden, los intimidan o que ponen en riesgo su salud.
La violencia, explicó Giraldo, puede ser de manera física, psicológica, sexual y económica. Mientras que el maltrato se refiere a negligencia, en particular si los viejitos padecen enfermedades que los coloquen en situación de discapacidad y dependencia.
"Los pellizcan, los empujan, si los bañan les pegan con lo que tienen en la mano; son un sinnúmero de acciones que se reflejan en el cuerpo de la persona, con hematomas, fracturas y múltiples síntomas que implican la fuerza por parte de ese responsable o familiar", detalló la investigadora.
Según información del Instituto, 85 por ciento de la violencia hacia los ancianos la ejerce un familiar, de los cuales 60 por ciento son los hijos, seguidos por el cónyuge u otro familiar.
Mientras que 15 por ciento de las agresiones la ejercen cuidadores, vecinos o personas con algún tipo de vínculo o de convivencia con los ancianos.
La especialista señaló que, esencialmente, la violencia se ejerce en un ámbito de confianza y las mujeres son las principales víctimas, y aunque no se cuenta con registros de las consecuencias, en definitiva son devastadoras para los adultos mayores.
También el género establece diferencias en el trato, ya que mientras las hijas tienden a ejercer más violencia psicológica y física, los hijos recurren a lo físico y económico.
La violencia, añadió Giraldo, es producto de estereotipos y estigmas contra esta población, así como una desvalorización social.
La investigadora consideró que la falta de medición científica para dimensionar efectivamente la magnitud del problema conlleva también a una complicación en la elaboración de programas sociales y de políticas públicas eficaces dirigidas a este grupo de la población.