De acuerdo con el diario Reforma, el acusado es el panista Juan Manuel Alcántara Soria, que entonces era Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Los exediles dicen que él condicionaba entregar los recursos a cambio de contratar los servicios de despachos vinculados con él y sus colaboradores.
“La forma de obtener los recursos pues era muy sencilla: ellos ponían las empresas, te daban un número de empresas a las que tú tenías que comprarles y solamente así, con esa posibilidad, podrías acceder a recursos, y al año siguiente te doblaban el monto de asignación”, explicó Martínez Garrigós.
Gutiérrez Cureño dijo al diario capitalino que “a veces sólo como insinuación, otras veces como recomendación y otras veces como lobbying (…) esa fue siempre una práctica tolerada, es decir, todos los veían normal y a los alcaldes nos colocaban en el brete de aceptar o no esas reglas no escritas o metalegales del sistema de asignación de recursos federales”.
En los últimos días, ediles de diferentes partes del país han denunciado que el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal García, junto con su hermano Ricardo, los extorsionan a cambio de apoyos, de acuerdo con testimonios dados a conocer por Reforma.
Los ofrecimientos de gestores a alcaldes para obtener recursos federales vía el Congreso de la Unión provienen de todos los partidos, dice Ricardo Baptista González, presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México, AC (ALMAAC).
El representante de la organización que agrupa a presidentes municipales emanados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) explica la mecánica bajo la cual, desde la Cámara de Diputados, les piden dinero a los alcaldes que año con año peregrinan para demandar recursos para sus municipios. Dice que es ahí, cuando gestores les garantizan que podrían recibir recursos etiquetados.
Pero a cambió de 10 por ciento de comisiones. La cultura del diezmo que ponen en práctica integrantes de todos los partidos –y que aceptan alcaldes– es de todos los colores, señala. “Es una problemática que no es de ahorita.
Existe desde hace tiempo y lamentablemente siempre ha existido la cultura del diezmo. Esto es desde las obras públicas: algunos funcionarios cobran el 10 por ciento o las empresas ofrecen el 10 por ciento.
Con el paso del tiempo también se hablaba de recursos públicos para autorizar alguna obra o para bajar recursos del porcentaje de los egresos de la Federación”.